La crisis de la salud ha sido el eje transversal del Gobierno actual y fue el mismo encargado de la administración de dicho sector el que reconoció la que sería la estrategia del Ejecutivo para que se apruebe dicha reforma, que más allá de tener en jaque a las EPS, tiene en vilo la salud de millones de personas en Colombia.

Así lo dejó ver el ministro Jaramillo, que en medio de una intervención en la Comisión Séptima del Senado de la República reconoció que sí hay recursos para ponerse al día con las EPS, pero que todo corresponde a una estrategia para aprobar la reforma a la salud.

En un primer momento, el funcionario reconoció: “[…] Sí tenemos recursos y estamos contemplando cómo sanear el sistema, todo depende de si el Senado quiere aprobar eso o no”, haciendo referencia a la reforma que promueve el gobierno Petro desde hace más de dos años.

Video del ministro de Salud sobre las EPS

En esa misma intervención, el funcionario exaltó que el proyecto, que busca transformar el sistema de salud en Colombia, ya fue aprobado en Cámara de Representantes, pero en el Senado aún está frenado.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención de su participación en dicho espacio fue la que hizo referencia al manejo que les están dando a las EPS, que han sido liquidadas frecuentemente en el actual Gobierno.

Adicional a esto, Jaramillo amenazó con que, si no se aprueba dicha reforma, el Gobierno no descarta acudir a una consulta popular para repetir el mismo proceso que comenzó la reforma laboral.

Esta es la grabación:

(Vea también: “Que nos mamen gallo”: Petro toca madera por reforma a la salud y así buscaría salvarla)

Reforma a la salud en Colombia

Uno de los puntos más álgidos de la reforma es la transición hacia el nuevo modelo. La eliminación gradual de las EPS, sin una estructura estatal completamente consolidada, ha generado un vacío en la administración de los servicios.

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Hospitales y clínicas reportan retrasos en los pagos y dificultades para acceder a los recursos, lo que ha afectado la disponibilidad de medicamentos y la atención oportuna a los pacientes. La falta de claridad en los procesos y la burocratización han contribuido a la congestión y la ineficiencia del sistema.

La financiación de la reforma es otro aspecto que genera dudas. El aumento del gasto público en salud, necesario para fortalecer la infraestructura y la atención primaria, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

La dependencia de los recursos del Estado, en un contexto de desaceleración económica, ha generado preocupación sobre la capacidad del gobierno para mantener el flujo de financiamiento necesario para garantizar la operación del sistema. La falta de transparencia en la asignación de recursos y la gestión de los mismos ha alimentado la desconfianza en la población.

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